Constructoras del Procrear evalúan demandar a Nación por una deuda de hasta $30.000 millones por obras paralizadas en La Pampa.
Las empresas constructoras que participaron de los tres desarrollos Procrear de La Pampa analizan iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional por una deuda que, según fuentes empresariales, alcanzaría al menos los $24.000 millones y podría llegar a los $30.000 millones.
El reclamo corresponde a trabajos realizados y certificados de obra que quedaron impagos tras la paralización de los emprendimientos durante el gobierno de Javier Milei. Las firmas involucradas serían Bepha, Ecop, Iaco e Ilka.
El conflicto aparece justo cuando el Gobierno provincial intenta cerrar con Nación el traspaso de los tres desarrollos urbanísticos. Se trata de 636 viviendas: 270 en Toay, 198 en General Pico y 168 en Santa Rosa. Las obras presentan un avance promedio cercano al 20%.
La intención de la administración de Sergio Ziliotto es recibir los emprendimientos sin deudas ni cargas para la Provincia, resolver la situación contractual y posteriormente avanzar con una nueva licitación que permita completar las viviendas.
La paralización tuvo además un fuerte impacto laboral. Durante 2024 se produjeron alrededor de 400 despidos vinculados con la interrupción de las obras, mientras que la Provincia insistió durante 2024 y 2025 con el reclamo para recuperar los proyectos.
Pero terminar los barrios tampoco será sencillo. A comienzos de 2026, el Gobierno pampeano había estimado que completar las 636 viviendas demandaría una inversión de entre 40 y 50 millones de dólares.
El traspaso anunciado por Nación abre así una nueva etapa, pero también deja sobre la mesa una pregunta incómoda: quién pagará las obras ya realizadas, quién afrontará las deudas y quién pondrá el dinero necesario para que las viviendas finalmente sean terminadas.
El Procrear pampeano terminó convertido en una especie de expediente inmobiliario con todos los condimentos: obras paralizadas, trabajadores despedidos, empresas reclamando millones y viviendas que siguen esperando a sus futuros dueños.
Ahora Nación dice que transfiere los barrios y la Provincia intenta hacerse cargo, pero aparece el detalle que suele esconderse debajo de la alfombra: las cuentas. Porque recibir una obra no significa recibirla gratis. Y si además las constructoras reclaman hasta $30.000 millones, la discusión promete ser bastante más larga que una simple firma de convenio.
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