Paro docente en La Pampa: UTELPa denuncia amenazas del Gobierno nacional y asegura que Nación no puede sancionar a los maestros.
Las escuelas públicas de La Pampa atraviesan este lunes una jornada de paro convocada por CTERA, con la adhesión de UTELPa, en medio de un fuerte conflicto con el Gobierno nacional. La medida responde al reclamo por mejoras salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la reapertura de la Paritaria Nacional Docente y una nueva ley de financiamiento educativo.
El conflicto escaló luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara inspecciones aleatorias para verificar el funcionamiento de las escuelas durante la huelga y advirtiera sobre posibles sanciones por incumplimientos de la Ley de Esencialidad. Sin embargo, una medida cautelar de la Justicia Laboral mantiene suspendida esa normativa, por lo que el derecho de huelga continúa plenamente vigente y no existe obligación de garantizar un 75% de actividad escolar.
Desde la Secretaría de Trabajo de La Pampa informaron que no recibieron ninguna notificación oficial vinculada a esos controles. A su vez, la flamante secretaria general de UTELPa, Claudia Calderón, sostuvo que el anuncio del Gobierno busca intimidar a los trabajadores de la educación y afirmó que cualquier intento de inspección nacional en escuelas pampeanas carece de respaldo legal.
La dirigente explicó que la administración y supervisión del sistema educativo corresponden exclusivamente a la Provincia, por lo que consideró que una intervención directa de Nación representaría una intromisión sobre las autonomías provinciales. También remarcó que el paro cuenta con protección constitucional y anticipó una adhesión masiva en defensa de la escuela pública.
Entre los reclamos del sector docente también figuran el rechazo a una eventual reforma previsional, el pedido de mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos, además de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que denuncian permanece congelado desde hace más de un año.
Cuando un Gobierno responde a un reclamo salarial con amenazas de inspecciones y posibles sanciones, el conflicto deja de ser exclusivamente educativo para transformarse en una disputa política. La discusión ya no pasa solamente por los sueldos docentes, sino también por los límites del poder y el respeto al derecho constitucional de huelga.
Mientras miles de docentes denuncian pérdida del poder adquisitivo y reclaman una negociación salarial, la estrategia oficial parece enfocarse más en disciplinar que en resolver. La educación necesita inversión, diálogo y acuerdos; el miedo nunca fue una política educativa efectiva.
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