PAMI denunció a la Clínica Regional de General Pico por una presunta sobrefacturación superior a $800 millones.
El PAMI denunció penalmente a la Clínica Regional de General Pico por una presunta defraudación contra la administración pública que superaría los 800 millones de pesos. La presentación apunta a posibles irregularidades en la facturación de prestaciones médicas destinadas a afiliados del organismo.
Según surge de la denuncia, el PAMI detectó inconsistencias al cruzar las prestaciones registradas mediante Órdenes Médicas Electrónicas (OME) con la facturación asociada. El organismo sostiene que existirían prácticas médicas cargadas en sus sistemas que no se corresponderían con prestaciones efectivamente realizadas.
La presentación judicial alcanza al médico Carlos Andreani y a quienes resulten responsables del establecimiento. La denuncia plantea que la utilización de mecanismos informáticos o registrales para simular prestaciones podría haber permitido obtener un beneficio económico indebido.
El expediente también señala que Andreani habría intervenido en la generación y validación de distintas órdenes médicas electrónicas vinculadas con prácticas cardiológicas transmitidas al PAMI, en su carácter de médico de cabecera y mediante un subusuario asociado a la Clínica Regional.
La denuncia fue impulsada por PAMI Nación a partir de información analizada por la delegación pampeana del organismo. Ahora deberá determinarse judicialmente si las inconsistencias detectadas constituyen efectivamente una maniobra defraudatoria y quiénes serían responsables.
Si la sospecha se confirma, estamos ante algo mucho más grave que una discusión contable: se estaría hablando de dinero público destinado a la atención sanitaria de jubilados que podría haber terminado pagando prestaciones que nunca se realizaron. En un sistema de salud siempre al límite, cada peso que se factura de más es un peso que falta en otro lugar.
Ahora corresponde que la Justicia investigue con precisión, sin condenas anticipadas pero también sin mirar para otro lado. Porque cuando aparecen cientos de millones en una denuncia por presunta sobrefacturación, la pregunta inevitable es sencilla: ¿quién controlaba y por qué nadie lo detectó antes?
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