La crisis del taxi se profundiza en Santa Rosa: ya dieron de baja 48 unidades por el avance de Uber y otras plataformas.
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La crisis del servicio de taxis en Santa Rosa suma un nuevo capÃtulo. Según confirmó la Cámara de Propietarios de Taxis, ya son 48 los vehÃculos que fueron dados de baja como consecuencia de la pérdida de rentabilidad y el crecimiento de aplicaciones como Uber y DiDi, cuya presencia continúa expandiéndose en la capital pampeana.
El presidente de la entidad, Ernesto Forastiero, aseguró que el escenario es cada vez más complicado para quienes cumplen con todas las exigencias legales mientras observan cómo los vehÃculos de plataformas continúan trabajando sin, según denuncian, los mismos controles ni obligaciones regulatorias. A ese panorama se suma otro problema: la interrupción del suministro de GNC, un combustible clave para la actividad de la mayorÃa de los taxis.
Desde el sector también cuestionan la demora del Municipio en hacer efectiva la regulación aprobada para las aplicaciones de transporte. Afirman que las normas existen, pero que no se controlan ni se exigen los requisitos previstos, generando una competencia que consideran desigual frente a quienes pagan habilitaciones, seguros especÃficos, revisiones técnicas y licencias profesionales.
Los taxistas sostienen además que los pasajeros continúan eligiendo el servicio tradicional por cuestiones de seguridad y porque, en momentos de alta demanda, las tarifas dinámicas de las aplicaciones pueden superar el valor del taxi convencional. Sin embargo, reconocen que el avance de las plataformas ya modificó profundamente el mercado del transporte urbano y amenaza la continuidad de numerosas fuentes laborales.
La tecnologÃa llegó para quedarse. Discutir si Uber o DiDi existen ya no tiene demasiado sentido. El verdadero debate deberÃa pasar por otra pregunta: ¿quién controla y bajo qué reglas compiten todos?
Mientras el Municipio promete regulaciones que nunca terminan de aplicarse, los taxistas ven cómo desaparecen licencias, caen sus ingresos y aumenta la incertidumbre. Cuando el Estado demora decisiones, el mercado impone las suyas. Y generalmente los que pagan la factura son quienes cumplen con las reglas.
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