La Justicia Federal abrió una causa penal contra La Libertad Avanza La Pampa y suspendió por un año el financiamiento público.
La Justicia Federal puso bajo la lupa a La Libertad Avanza La Pampa tras rechazar el balance correspondiente al ejercicio 2024 por una serie de inconsistencias detectadas durante la auditoría. La resolución, firmada por el juez federal Juan José Baric, dio origen a una causa penal y determinó además la suspensión del financiamiento público que recibe el partido durante el plazo de un año.
Entre las principales observaciones figura un ingreso cercano a los 550 mil pesos que habría sido incorporado en efectivo y fuera del circuito bancario, una práctica incompatible con la legislación vigente sobre financiamiento de partidos políticos. El balance cuestionado fue presentado cuando la conducción estaba integrada por Juan Pablo Patterer, Luciano Ortiz y Nicolás Boschi. Actualmente, la presidencia partidaria está a cargo de Adrián Ravier.
Los informes elaborados por los auditores de la Cámara Nacional Electoral también detectaron diferencias en el Libro Diario, aportantes que no fueron registrados en la plataforma oficial y errores en la contabilización de ingresos y egresos. Según trascendió desde el ámbito judicial, las autoridades partidarias fueron notificadas de estas observaciones y contaron con instancias para corregirlas, aunque las inconsistencias persistieron.
La investigación continuará para establecer si las irregularidades responden a simples incumplimientos administrativos o si existieron conductas que puedan configurar delitos vinculados al financiamiento político.
Cuando un partido político promete transparencia como bandera, la obligación de rendir cuentas debería ser aún más rigurosa. La confianza pública no se construye con discursos, sino con balances claros, documentación respaldatoria y reglas que se cumplen sin excepciones.
Ahora será la Justicia la encargada de determinar si se trató de desprolijidades administrativas o de hechos con relevancia penal. Mientras tanto, la suspensión del financiamiento público representa un fuerte llamado de atención para una fuerza política que hizo de la crítica a "la vieja política" uno de sus principales argumentos.
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