Investigan a un odontólogo de General Pico por una presunta estafa a una obra social por más de 500 mil pesos.
La Fiscalía de General Pico avanza en una investigación por una presunta estafa contra una obra social privada que tendría como principal imputado a un odontólogo de la ciudad. La maniobra investigada habría generado un perjuicio económico superior a los 500 mil pesos mediante la facturación de prestaciones que, según la denuncia, jamás fueron realizadas.
La causa comenzó tras la presentación de una paciente que aseguró haber concurrido al consultorio únicamente en noviembre de 2025. Sin embargo, meses después detectó que figuraban múltiples atenciones entre diciembre y abril de 2026, acompañadas por firmas que, según afirmó, nunca realizó.
A partir de esa denuncia, la Fiscalía ordenó un allanamiento en el consultorio odontológico donde la Brigada de Investigaciones secuestró documentación considerada clave para determinar cómo se habría ejecutado la maniobra y cuál fue el circuito de facturación hacia la obra social.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el profesional habría falsificado la firma de la paciente en planillas de atención para justificar prestaciones inexistentes y posteriormente cobrar esos servicios. El monto investigado ronda los 511 mil pesos.
El odontólogo fue citado a declaración y afrontará una audiencia de formalización de la investigación. Entre los delitos que analiza la Justicia figuran falsificación de documento privado, uso de documento falso y estafa. Además, se realizará una pericia caligráfica para establecer la autenticidad de las firmas cuestionadas.
Por el momento la investigación se centra en este único caso, aunque la Fiscalía no descarta ampliar la pesquisa si aparecen nuevos pacientes o situaciones similares que permitan establecer un posible mecanismo repetido de fraude.
Cuando aparecen sospechas de fraude dentro del sistema de salud, la confianza queda tan golpeada como las finanzas. Cada prestación inexistente que alguien cobra termina afectando a quienes realmente necesitan atención médica y sostienen el sistema con sus aportes.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existió una maniobra aislada o si detrás del expediente se esconde un mecanismo más amplio. Las pericias y las pruebas marcarán el rumbo de una causa que recién comienza.
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