La Justicia confirmó el embargo del sueldo de un funcionario pampeano por una deuda alimentaria superior a los $8,5 millones.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de MinerÃa confirmó el embargo preventivo sobre el salario de un funcionario del Gobierno de La Pampa para asegurar el cobro de una deuda alimentaria que supera los 8,5 millones de pesos, a la que deberán sumarse intereses y costas judiciales.
El funcionario habÃa solicitado que la retención sobre sus haberes no excediera el 10%, argumentando que ya afronta un descuento del 15% correspondiente a la cuota alimentaria fijada mediante un convenio homologado judicialmente. Sin embargo, los jueces rechazaron ese planteo al considerar que dicho acuerdo fue aceptado voluntariamente por el propio demandado.
La resolución también aclara que el embargo no establece un porcentaje fijo, sino que deberá aplicarse conforme a los lÃmites previstos por la legislación vigente, dejando la determinación concreta en manos de la autoridad correspondiente.
Por otra parte, la Cámara descartó la aplicación de nuevas medidas coercitivas solicitadas por la parte actora, como la incorporación al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la suspensión de la licencia de conducir o la prohibición de salir del paÃs, al entender que las medidas actualmente vigentes resultan suficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación.
Las deudas alimentarias dejaron hace tiempo de ser un simple conflicto familiar para convertirse en una cuestión de interés público. Cuando quien incumple ocupa un cargo estatal, el reclamo social por el ejemplo institucional cobra aún mayor relevancia.
La resolución judicial marca que ningún cargo público constituye un escudo frente a las obligaciones alimentarias. El mensaje es claro: antes que los privilegios, están los derechos de quienes dependen de esa prestación para vivir.
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