Milei modificó por decreto el sistema de designación de jueces y eliminó controles previos. Crece la polémica por la transparencia.
El gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma clave en el mecanismo de designación de jueces de la Corte Suprema, fiscales y defensores públicos. A través del decreto 467/2026, el Ejecutivo eliminó instancias de observación ciudadana que existían antes del envío de los pliegos al Senado y modificó los procedimientos vigentes desde 2003.
Según la Casa Rosada, los cambios buscan agilizar los nombramientos y evitar trámites duplicados. La participación ciudadana continuará en la etapa legislativa, cuando los candidatos sean evaluados por el Senado. Además, la información sobre antecedentes y declaraciones patrimoniales será difundida a través del Boletín Oficial y los canales digitales del Ministerio de Justicia.
La reforma también elimina recomendaciones vinculadas a criterios de diversidad de género, especialización jurídica y representación federal en la integración del máximo tribunal. Diversos sectores del ámbito judicial y académico cuestionaron la medida al considerar que reduce herramientas de transparencia y limita mecanismos de control previo sobre quienes aspiran a ocupar cargos clave en la Justicia.
La decisión llega en un contexto donde la Corte Suprema funciona con vacantes sin cubrir y el Gobierno busca acelerar futuras negociaciones para completar su integración. El debate ya se instaló en el escenario político y promete sumar nuevos capítulos en el Congreso y en los tribunales.
Cuando un gobierno habla de simplificar procesos, conviene mirar qué controles quedan en el camino. El argumento de la eficiencia suele sonar atractivo, pero en democracia los mecanismos de supervisión existen justamente para evitar que las decisiones más sensibles dependan exclusivamente de la voluntad política de turno.
La pregunta de fondo no es si el sistema era lento. La pregunta es si la velocidad justifica reducir instancias de participación y transparencia en la designación de quienes deberán controlar al propio poder político. Porque cuando los controles molestan demasiado, la sospecha aparece sola.
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