La Justicia condenó a La Pampa a pagar más de $32 millones por el asesinato de un interno en la Alcaidía de General Pico.
La Justicia Civil de La Pampa condenó a la Provincia a indemnizar con más de 32 millones de pesos a la madre de Gonzalo Horacio Muñoz, un interno que fue asesinado dentro de la Alcaidía de la Unidad Regional II de General Pico en marzo de 2024. La magistrada interviniente concluyó que existió una clara "falta de servicio" por parte del Estado en su obligación de proteger la integridad física de las personas privadas de libertad.
La investigación determinó que la víctima fue atacada por otros reclusos armados con elementos punzocortantes dentro del propio pabellón. Para la Justicia, el hecho ocurrió en un ámbito completamente bajo control estatal, por lo que la intervención de terceros no elimina ni reduce la responsabilidad de la administración provincial.
La sentencia recordó que la Provincia tiene el deber de garantizar la vida y seguridad de quienes permanecen bajo su custodia. Además, destacó que las normas vigentes exigen controles permanentes, requisas y medidas preventivas destinadas a evitar precisamente este tipo de episodios violentos dentro de los establecimientos de detención.
El fallo también tomó en consideración antecedentes penales vinculados al caso, donde varios internos fueron condenados por el homicidio. Sin embargo, la responsabilidad penal de los agresores no impidió que la Justicia avanzara sobre la responsabilidad civil del Estado por las deficiencias en los mecanismos de vigilancia y prevención.
La indemnización fue fijada en 32 millones de pesos más intereses y costas judiciales, monto que deberá afrontar la Provincia como consecuencia de un crimen que, según la sentencia, nunca debió ocurrir bajo custodia estatal.
Cada vez que una persona ingresa a una cárcel pierde su libertad, pero no su derecho a la vida. Ese principio básico parece tan obvio que resulta alarmante que deba recordarlo un fallo judicial.
La condena económica no devuelve una vida ni corrige las falencias estructurales del sistema penitenciario. Sin embargo, deja una señal contundente: cuando el Estado falla en la custodia de quienes están bajo su responsabilidad, la factura termina llegando. Y la terminan pagando todos los contribuyentes.
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