La Corte Suprema obligó al Gobierno de Milei a actualizar salarios universitarios y becas estudiantiles, ratificando la ley de financiamiento.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó vigente la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios de docentes y trabajadores universitarios, además de incrementar las becas estudiantiles conforme a la inflación acumulada.
El máximo tribunal entendió que la presentación oficial no podía prosperar porque estaba dirigida contra una medida cautelar y no contra una sentencia definitiva. De esta manera, el Gobierno deberá comenzar a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada pese al veto presidencial.
La resolución fue celebrada por autoridades universitarias, sindicatos y estudiantes, quienes desde hace meses denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios y un deterioro del sistema público de educación superior producto de los recortes presupuestarios.
El conflicto por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre la administración de Javier Milei y la comunidad educativa. La decisión judicial fortalece ahora los reclamos para que se ejecute plenamente la ley y se normalicen los recursos destinados a las universidades nacionales.
Cuando la política decide ignorar una ley votada por el Congreso, termina siendo la Justicia la que recuerda cuáles son los límites institucionales. La motosierra podrá achicar presupuestos, pero no puede pasar por encima de la Constitución.
El fallo representa un nuevo llamado de atención para un Gobierno que hizo del ajuste su principal bandera, incluso cuando ese camino impacta sobre la educación pública y el futuro de miles de estudiantes.
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