Enrique Juan cuestionó el sistema CABI y exigió explicaciones sobre los controles fiscales aplicados por Rentas en La Pampa.
La polémica por el sistema CABI sumó un nuevo capítulo en La Pampa. El diputado provincial Enrique Juan presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Rentas expliquen en detalle cómo funciona la herramienta utilizada para monitorear inconsistencias fiscales.
La iniciativa surgió luego de planteos realizados por contribuyentes, profesionales de Ciencias Económicas y equipos técnicos que expresaron dudas sobre los criterios utilizados por el sistema para generar observaciones y controles. Entre los puntos reclamados aparecen los mecanismos de evaluación, las garantías para evitar errores y los procedimientos disponibles para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de defensa.
Juan sostuvo que la discusión no pasa por rechazar la modernización del Estado, sino por garantizar transparencia y razonabilidad en las herramientas de fiscalización. Según explicó, existe preocupación por el impacto que estas observaciones pueden generar sobre personas y empresas que cumplen regularmente con sus obligaciones tributarias.
“El Estado no puede tratar como sospechoso al que trabaja”, afirmó el legislador, al señalar que quienes presentan declaraciones y pagan impuestos no deberían quedar atrapados en procedimientos que los obliguen permanentemente a justificar su conducta fiscal.
Además, el diputado desafió al Ejecutivo provincial a brindar información pública y responder cada una de las inquietudes planteadas. La solicitud llega pocos días después de que el Gobierno defendiera el sistema y rechazara las críticas formuladas desde sectores opositores y entidades vinculadas al ámbito económico.
La discusión excede a un software o a una base de datos. Lo que está en juego es el viejo equilibrio entre control estatal y libertad de quienes producen, trabajan y generan actividad económica. Porque cuando la burocracia se vuelve más rápida que las explicaciones, el problema deja de ser tecnológico y pasa a ser político.
Mientras el Gobierno vende eficiencia digital, del otro lado aparecen contribuyentes que sienten que cada movimiento es observado bajo sospecha. Modernizar no debería significar multiplicar trámites invisibles ni convertir algoritmos en jueces sin rostro.
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