Milei aplicó nuevos recortes al Presupuesto 2026 y La Pampa perderá $1.750 millones para rutas e infraestructura.
La motosierra libertaria volvió a pasar por La Pampa. El Gobierno de Javier Milei aplicó un nuevo recorte presupuestario que afecta directamente obras viales, mantenimiento de rutas y partidas destinadas a infraestructura provincial.
La advertencia llegó desde el diputado nacional Ariel Rauschenberger, quien denunció que la Decisión Administrativa 20/2026 reduce en un 53,9% los fondos asignados a distintas partidas vinculadas a Vialidad Nacional dentro del territorio pampeano. El impacto económico, según detalló, ronda los $1.750 millones.
El ajuste golpea programas de seguridad vial, rehabilitación de rutas y tareas de repavimentación que ya figuraban dentro del Presupuesto Nacional 2026. Entre las obras afectadas aparece nuevamente la Ruta Nacional 151, una de las más cuestionadas por su deterioro y por la cantidad de accidentes registrados en los últimos años.
Desde el entorno del legislador remarcaron que muchos de esos fondos habían sido incorporados luego de negociaciones parlamentarias y que representaban una de las pocas garantías de mantenimiento para corredores estratégicos de la provincia.
Mientras se frenan obras y se reducen transferencias a las provincias, parte de los recursos nacionales terminan destinados a aplicaciones financieras y movimientos de caja vinculados al Tesoro. La crítica apunta a que el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal y la acumulación financiera por encima de infraestructura, salud y educación.
“El interior necesita rutas seguras, mantenimiento y obras. No se puede seguir ajustando sobre las provincias”, planteó Rauschenberger al cuestionar el rumbo económico de la Casa Rosada.
La lógica parece simple: mientras en Buenos Aires se habla de superávit como si fuera una religión, en el interior las rutas se transforman en trampas mortales y las provincias quedan libradas a sobrevivir con menos recursos.
La famosa “motosierra” ya dejó de ser una metáfora de campaña para convertirse en una poda permanente sobre infraestructura, educación y obra pública. El problema es que el ajuste no lo paga la política: lo terminan pagando quienes manejan rutas destruidas, esperan obras o sostienen servicios esenciales.
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