La Pampa judicializó la reforma de la Ley de Glaciares por temor al impacto minero sobre las reservas de agua.
La modificación de la Ley Nacional de Glaciares volvió a poner a La Pampa en el centro de una vieja pelea: la defensa del agua frente a los intereses extractivos que avanzan desde la cordillera. Aunque la provincia no tiene glaciares, depende directamente de las cuencas que nacen en Mendoza y San Juan, territorios donde la minería busca expandirse sobre zonas antes protegidas.
La reforma aprobada este año flexibilizó restricciones ambientales históricas y dejó en manos de las provincias la decisión final sobre qué áreas glaciares y periglaciares deben protegerse. Para distintos sectores ambientales y científicos, eso abre la puerta a proyectos mineros en regiones clave para el abastecimiento hídrico.
El Gobierno pampeano reaccionó rápido y presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal. El planteo busca declarar inconstitucional la reforma por considerar que pone en riesgo el acceso al agua y viola principios ambientales básicos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.
La preocupación no es teórica. En La Pampa todavía pesa la memoria de décadas de conflicto con Mendoza por el manejo de los ríos Atuel y Colorado. Por eso, cualquier avance sobre las nacientes cordilleranas se interpreta como una amenaza directa al futuro hídrico de la provincia.
Organizaciones ambientalistas, universidades y entidades civiles también se sumaron a la ofensiva judicial. Mientras tanto, empresas mineras y sectores aliados al Gobierno nacional defienden la reforma argumentando que permitirá atraer inversiones y ampliar la explotación de cobre, oro y otros minerales estratégicos.
La discusión ya no es solamente ambiental: es política, económica y profundamente federal. Porque mientras desde Buenos Aires se habla de “desarrollo” y “competitividad”, las provincias aguas abajo saben perfectamente cómo termina la historia cuando el negocio minero se impone sobre el agua.
La paradoja es brutal: en plena crisis climática mundial, cuando el planeta discute cómo preservar reservas estratégicas de agua dulce, Argentina decide aflojar controles para facilitar negocios extractivos. Después aparecen los funcionarios sacándose fotos con bidones y prometiendo “cuidar el recurso”.
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