Ambientalistas alertan que La Pampa será una de las provincias más afectadas por la reforma de la Ley de Glaciares.
La reforma de la Ley de Glaciares volvió a encender alarmas en todo el país, pero especialmente en La Pampa, donde referentes ambientales sostienen que la provincia será una de las más perjudicadas por los cambios impulsados desde Nación para favorecer el avance minero sobre zonas cordilleranas.
Durante una charla realizada en la Universidad Nacional de La Pampa, abogados ambientalistas, organizaciones sociales y especialistas remarcaron que la modificación de la norma debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, es decir, las principales reservas estratégicas de agua dulce de Argentina.
El abogado Enrique Viale fue contundente: afirmó que “La Pampa es una de las grandes perdedoras” porque se encuentra río abajo de las cuencas hídricas nacidas en Mendoza y San Juan, territorios donde la minería busca ampliar su margen de acción tras la flexibilización legal.
La reforma aprobada por el Congreso elimina la protección automática sobre todos los glaciares y deja en manos de las provincias la decisión sobre qué zonas conservar y cuáles habilitar para actividades extractivas. En otras palabras: donde antes había prevención ambiental, ahora habrá interpretación política.
Frente a este escenario, organizaciones como FARN, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron un amparo colectivo en la Justicia Federal de La Pampa para frenar la aplicación de la reforma. La presentación ya cuenta con más de 850 mil adhesiones ciudadanas.
Los sectores ambientalistas advierten que el peligro no es abstracto ni futuro: sostienen que la apertura de proyectos mineros en zonas antes protegidas podría afectar la calidad y disponibilidad del agua que abastece a millones de personas aguas abajo, incluyendo buena parte del territorio pampeano.
La discusión ya no pasa solamente por minería sí o minería no. El verdadero debate es quién administra el agua y para quién. Porque mientras el Gobierno vende “desarrollo” y promete inversiones millonarias, las provincias río abajo observan cómo se negocian reservas estratégicas como si fueran saldo de liquidación.
La Pampa conoce demasiado bien lo que significa quedarse esperando agua mientras otros deciden arriba. El problema es que esta vez no se trata solamente de caudal: también se juega la calidad ambiental, la soberanía hídrica y la capacidad de frenar negocios extractivos disfrazados de progreso.
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