La Corte Suprema intervino en la demanda de La Pampa contra Nación por fondos coparticipables y crece la tensión federal.
La Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir de manera directa en la demanda presentada por La Pampa contra el Estado nacional por la distribución de fondos de coparticipación. El máximo tribunal le dio al Gobierno nacional un plazo de 60 días para responder formalmente al reclamo impulsado por la administración de Sergio Ziliotto.
La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron asumir competencia originaria en un expediente que vuelve a poner sobre la mesa la histórica tensión entre Nación y provincias por el reparto de recursos. La Pampa sostiene que hubo una afectación directa sobre fondos que le corresponden y apunta contra las políticas de ajuste implementadas por la Casa Rosada.
El caso pampeano se suma a una larga lista de conflictos judiciales abiertos entre distintas provincias y el Gobierno nacional. En los últimos meses, varias administraciones provinciales avanzaron con demandas similares ante la Corte reclamando fondos retenidos o transferencias incumplidas.
La discusión no es menor: detrás de la palabra “coparticipación” se juega el financiamiento de salarios, salud, educación, rutas y servicios esenciales. Mientras el Gobierno nacional insiste con el ajuste fiscal como bandera política, las provincias empiezan a judicializar una pelea que amenaza con profundizar la crisis federal.
La Corte acaba de abrirle la puerta a un conflicto que el Gobierno prefería esconder abajo de la alfombra fiscal. Porque mientras desde Buenos Aires hablan de “equilibrio”, en las provincias sienten que la motosierra corta siempre del mismo lado.
La pregunta es sencilla: ¿hasta dónde puede llegar el ajuste nacional antes de romper definitivamente el pacto federal? La Pampa ya decidió llevar la pelea al máximo tribunal. Y probablemente no sea la última.
COMENTARIOS