Juicio al intendente por declaración omitida

Elevan a juicio la causa contra el intendente de Luiggi por omitir una sociedad en su declaración jurada patrimonial.

 

La causa judicial contra el intendente de Ingeniero Luiggi, <:contentreference index="1}" oaicite:1="">, dio un nuevo paso: la Fiscalía General presentó formalmente la acusación y el expediente ya fue elevado a juicio. El jefe comunal está imputado por presunta “omisión maliciosa” en su declaración jurada patrimonial, luego de que no informara la existencia de una sociedad comercial vinculada a su patrimonio al momento de asumir funciones. 

La investigación se originó tras una denuncia presentada por concejales opositores, quienes señalaron que Salvadori habría incumplido con la obligación legal de declarar todas sus participaciones societarias. Según la Fiscalía, la conducta podría encuadrarse en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que contempla penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en casos de omisión deliberada en declaraciones patrimoniales.

Durante la etapa de formalización, la defensa sostuvo que la sociedad en cuestión no registraba movimientos, activos ni pasivos, y que por eso el intendente consideró que no era necesario declararla. Sin embargo, los fiscales entendieron que la obligación existía igualmente y avanzaron con la acusación. Ahora restará definir la fecha de las audiencias orales donde se debatirá la responsabilidad penal del mandatario local.

La política argentina tiene una relación complicada con las declaraciones juradas: parecen hechas más para esconder que para transparentar. Y cuando aparece una “sociedad olvidada”, la explicación suele venir en combo con frases como “no tenía movimientos”, “fue un error” o “no hubo intención”.

El problema es que la confianza pública no funciona a media máquina. Si un funcionario decide qué declarar y qué no según su propio criterio, la transparencia deja de ser obligación y pasa a ser decoración institucional. Y ahí empiezan los problemas.