La Pampa destinará más de $208 millones a 14 programas para Canal 3 y crecen las críticas por el gasto estatal.
El Gobierno de La Pampa aprobó una batería de contrataciones directas por un total de 208.740.000 pesos destinadas a financiar nuevos contenidos audiovisuales para Canal 3, la señal estatal de la provincia. La medida quedó oficializada a través de distintas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
En total fueron seleccionados catorce proyectos audiovisuales realizados por productores pampeanos. Cada propuesta tendrá una temporada de veintiún capítulos y recibirá exactamente 14.910.000 pesos de financiamiento estatal.
Entre los programas aprobados aparecen ciclos de entrevistas, cocina, automovilismo, literatura, salud y contenidos culturales. El listado incluye “Actores principales”, de Rosana Alicia Kozac; “Random”, de Julián David Moreno; “Rico y sin vueltas”, de Myrian Vanesa González; “Pausa”, de Federico Ariel Camiletti; y “Legión fierrera”, de Cristian Adrián González.
También fueron aprobados “Tercer tiempo”, de Gabriel González; “Hecha en La Pampa”, de Claudio Antonio Manríquez; “Cocinando historias”, de Juan Pablo Gavazza; “Amor y salud”, de María Gabriela Bonavitta; y “Podcast literario”, de Ana Laura Fresco.
La nómina se completa con “Me perdí en el viaje”, de Alexander Daniel Moreira; “Hábitat natural”, de Bruno Marcos Franzini; “Bang! Cuentos de vida o muerte”, de Cintia Brenda Alcaraz; y “De la fábrica a tu mesa”, de Alejandro Skara.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es renovar la grilla de la emisora pública y promover la producción audiovisual local. Sin embargo, el volumen de recursos destinados vuelve a poner bajo la lupa el manejo de la pauta y los gastos de los medios estatales en medio de un contexto económico cada vez más ajustado para gran parte de la sociedad.
Mientras miles de pampeanos hacen cuentas para llegar a fin de mes, el Estado provincial sigue encontrando margen para repartir millones en contenidos televisivos. El argumento oficial habla de “fomento cultural”, aunque la discusión inevitable pasa por las prioridades.
La pregunta no es si hay que apoyar a los productores locales. La verdadera discusión es otra: cuánto control existe sobre estos contratos, qué audiencia real tienen estos programas y cuál es el criterio para definir quién recibe casi 15 millones de pesos financiados con dinero público.
Cuando el Estado se convierte en productor, financista y además dueño de la pantalla, la línea entre promoción cultural y caja política empieza a ponerse peligrosamente borrosa.
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