Vecinos denuncian multas excesivas en Catriló y apuntan a un sistema recaudatorio que golpea al ciudadano común.
Un control de rutina en Catriló terminó exponiendo algo más profundo que una simple infracción. Un joven de 18 años sufrió el secuestro de su moto por no llevar la documentación encima, pese a tenerla completamente en regla. Días después, al presentar todos los papeles —incluida la chapa patente ya gestionada—, la respuesta fue una multa que superó el millón de pesos.
El monto, finalmente reducido a $771.300 con “descuento”, dejó al descubierto un mecanismo que muchos vecinos empiezan a señalar sin rodeos: sanciones que parecen más orientadas a recaudar que a ordenar el tránsito. Porque el problema no es la falta —real— de no portar los papeles, sino la magnitud del castigo frente a una situación que no implicaba riesgo concreto.
La moto estuvo retenida apenas cinco días, pero el impacto económico fue devastador. La familia, además, no es de la localidad, lo que sumó presión para resolver rápido y pagar. En ese contexto, la multa deja de ser una herramienta de control y pasa a convertirse en una imposición difícil de discutir.
Mientras tanto, crece el murmullo incómodo: ¿los controles son iguales para todos? ¿O el rigor cae siempre sobre el vecino mientras algunos funcionarios circulan sin el mismo nivel de exigencia? Preguntas que no tienen respuesta oficial, pero que se repiten cada vez con más fuerza en la calle.
Cuando el Estado aprieta siempre al mismo lado, deja de ser garante de orden para convertirse en recaudador serial. Y en Catriló, según denuncian vecinos, la balanza parece inclinada: controles duros para el ciudadano común, tolerancia difusa para quienes deberían dar el ejemplo.
No se trata de justificar infracciones, sino de exigir coherencia. Porque si la ley es estricta, debe serlo para todos. De lo contrario, el mensaje es claro: el que no tiene poder, paga.
Fuente: Testimonio directo de la familia afectada
COMENTARIOS