La oposición no acompañó el reclamo pampeano contra la reforma de la Ley de Glaciares y crece la tensión política.
La Legislatura pampeana sumó un nuevo capítulo al reclamo contra la reforma nacional de la Ley de Glaciares. En la Comisión de Asuntos Constitucionales avanzó el despacho oficialista para respaldar la acción judicial presentada por la provincia, pero la oposición decidió no acompañar y anticipó que fijará postura en el recinto.
La iniciativa busca expresar apoyo político e institucional al amparo presentado para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 27.804, norma que modificó el régimen de protección ambiental. El reclamo fue impulsado por el Gobierno provincial junto a la Universidad Nacional de La Pampa y entidades ambientalistas.
Desde el oficialismo defendieron la vía judicial como una reacción inmediata ante una norma que consideran lesiva para los recursos hídricos. Sin embargo, desde la UCR cuestionaron no el fondo del planteo, sino la estrategia procesal elegida.
La oposición sostuvo que una demanda de una provincia contra el Estado nacional debería tramitar directamente ante la Corte Suprema, y advirtió que avanzar por la justicia federal local podría demorar el proceso o incluso trabarlo desde el inicio.
Todos dicen defender el agua, los ríos y el ambiente. El problema aparece cuando llega la hora de votar. Ahí sobran discursos y faltan decisiones concretas.
La Pampa vuelve a chocar con una vieja postal argentina: provincias peleando por recursos mientras la política nacional discute expedientes como si fueran papeles sin consecuencias reales.
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