Especialistas advierten que la reforma de la Ley de Glaciares pone en riesgo el agua y habilita a La Pampa a presentar un amparo judicial.
Con una importante convocatoria, se realizó en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam el panel “Implicancias de la modificación de la Ley de Glaciares en La Pampa”, donde se abordó el impacto de la normativa desde una perspectiva jurídica, política, técnica y social.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que “la provincia de La Pampa está muy legitimada procesalmente para ir a la Justicia e interponer una acción de amparo colectivo en resguardo de sus propios recursos naturales”. Advirtió que la modificación de la ley es regresiva, ya que habilita a las provincias con glaciares a decidir discrecionalmente su explotación, incluso para minería a cielo abierto, con alto consumo de agua.
Del encuentro participaron el senador nacional Daniel Pablo Bensusán (Unión por la Patria); la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; la directora del Instituto de Geografía de la FCH-UNLPam, Beatriz Dillon; y la investigadora del INTA, Carolina Aumassanne.
El senador radical Daniel Kroneberger había confirmado su presencia, pero se excusó a último momento y no asistió.
Análisis jurídico
Gil Domínguez explicó que los glaciares y zonas periglaciares cumplen funciones esenciales: reservas de agua potable, reguladores climáticos y fuentes de cuencas hídricas interprovinciales. Señaló que la reforma vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece presupuestos mínimos de protección ambiental, y consolida una visión extractivista de los recursos naturales.
Además, remarcó que la Ley General del Ambiente habilita la acción popular, permitiendo a personas y provincias afectadas reclamar judicialmente ante daños ambientales.
Análisis social y territorial
Desde una mirada social, Beatriz Dillon alertó que La Pampa no será autoridad de aplicación, sino provincia afectada. Señaló riesgos concretos sobre el abastecimiento de agua potable, en especial por el impacto potencial sobre el río Colorado, en crisis hídrica desde hace más de una década.
Indicó que más del 50% de la población pampeana depende directa o indirectamente de los acueductos vinculados a esta cuenca y advirtió consecuencias productivas, económicas y de planificación hídrica. También cuestionó el rol de Mendoza en el control de los recursos, recordando antecedentes como el Atuel y el frustrado proyecto Portezuelo del Viento.
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