Crónicas Pampeanas cuestiona las 24 nuevas cámaras de fotomultas en General Pico, señalando que el verdadero objetivo parece ser recaudar más que mejo
Durante la apertura del período de sesiones ordinarias 2026, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, presentó con bombos y platillos la incorporación de 24 nuevas cámaras de fotomultas. Según ella, el objetivo es reforzar la seguridad vial y reducir los siniestros.
Sin embargo, desde Crónicas Pampeanas advertimos que detrás del discurso preventivo hay un evidente impacto sobre los ciudadanos: más controles significan más multas y más ingresos para el municipio, disfrazados de “prevención”.
Aunque Alonso asegura que “estas medidas no tienen un fin recaudatorio”, los números cuentan otra historia. La inversión millonaria en equipamiento —más de 234 millones de pesos— coincide con un sistema que gravará automáticamente a conductores, muchos de ellos desprevenidos, por errores mínimos. La reducción de siniestros puede ser real, pero el verdadero beneficiario es el bolsillo municipal, no el ciudadano promedio.
Además de las cámaras, la intendenta anunció otros cambios: centralización de trámites, expansión de estacionamiento medido y clínica de manejo municipal. Todas medidas que, aunque vendidas como “ordenamiento y educación vial”, refuerzan un esquema de control y recaudación encubierta.
La pregunta que queda es clara: ¿cuánto se gana realmente en seguridad y cuánto se recauda del ciudadano común? Crónicas Pampeanas sostiene que, detrás del discurso preventivo, la medida castiga a quienes ya cumplen las normas y genera presión económica innecesaria.
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