Santa Rosa tuvo 60% más de infracciones de tránsito en 2025 gracias a las fotomultas. General Pico suma 24 cámaras nuevas. Crónicas Pampeanas vuelve
Hace unos días, desde Crónicas Pampeanas alertamos sobre el plan de la intendenta Fernanda Alonso de desplegar 24 nuevas cámaras de fotomultas en General Pico, con una inversión que supera los 234 millones de pesos. La pregunta que dejamos abierta era clara: ¿esto es seguridad vial o un negocio municipal disfrazado de prevención?
Ahora llegó un dato desde Santa Rosa que vale la pena poner sobre la mesa, porque ilumina hacia dónde va el sistema una vez que está instalado y funcionando.
El juez de Faltas de la capital pampeana, César Ortiz, confirmó que durante 2025 se labraron más de 16 mil actas de infracción. En 2024 habían sido 10 mil. Eso es un incremento del 60% en doce meses, traccionado directamente por la sistematización de las cámaras de videovigilancia y el sistema de fotomultas.
Ortiz salió a defender el esquema con argumentos que se repiten en todo municipio que adopta este modelo: "El sistema es muy transparente", dijo, y aseguró que "hay una mayoría que acepta" los controles. También fue enfático en separar el sistema del objetivo recaudatorio: "La cacería no debe existir. No debe existir ningún sistema de control como recaudación. La modificación de conducta es el verdadero objeto de las penalidades."
Palabras razonables. El problema es que ningún funcionario que defiende las fotomultas publica el otro número: cuánto bajaron los siniestros. Porque si las infracciones suben 60% y los accidentes no bajan en la misma proporción, la pregunta sobre quién se beneficia realmente del sistema se vuelve ineludible.
General Pico está a punto de recorrer ese mismo camino. Con 24 cámaras nuevas en funcionamiento, es cuestión de tiempo para que los números de actas en la ciudad empiecen a crecer de manera similar. La intendenta Alonso también dijo que las medidas "no tienen un fin recaudatorio". El juez Ortiz también lo dice. Todos lo dicen.
Lo que Crónicas Pampeanas sostiene es simple: que el debate no se cierra con declaraciones de buenas intenciones sino con datos concretos, transparentes y comparables. ¿Cuánto recauda el municipio por fotomultas? ¿Cuánto bajaron los choques, los atropellamientos, los muertos en las calles piqueñas? Esas son las preguntas que los vecinos merecen ver respondidas con números, no con discursos.
Mientras eso no ocurra, el escepticismo no es paranoia. Es sentido común.
El caso de Santa Rosa es un espejo en el que General Pico debería mirarse antes de celebrar la llegada de 24 cámaras nuevas. Un salto del 60% en infracciones en un año no es automáticamente una señal de que el tránsito mejoró: puede serlo, o puede ser simplemente que el sistema aprendió a detectar más y a cobrar más. La diferencia entre ambas cosas se mide con un solo indicador que los municipios pampeanos se resisten a publicar con claridad: la evolución de los siniestros viales. Sin ese dato, cualquier defensa del sistema es un acto de fe, no de transparencia.
COMENTARIOS