A 34 años del atentado a la Embajada de Israel en Argentina, el reclamo de justicia sigue vigente. 29 muertos y una causa sin condenados.
El 17 de marzo de 1992, una explosión sacudió el corazón de Buenos Aires y dejó una marca que todavía no se borra. Una camioneta cargada de explosivos destruyó la Embajada de Israel y provocó la muerte de 29 personas, además de más de 200 heridos.
Fue el primer gran atentado terrorista en suelo argentino. Y también el primero de una larga historia de impunidad.
La escena fue devastadora: edificios derrumbados, autos aplastados, familias destrozadas. Pero lo que vino después no fue mucho mejor. La investigación quedó en manos de la Corte Suprema, se acumularon hipótesis, informes internacionales y acusaciones cruzadas. Sin embargo, con el paso de los años, las certezas nunca llegaron a transformarse en condenas.
Treinta y cuatro años después, el país sigue recordando. Actos, sirenas, nombres leídos en voz alta. Pero también sigue preguntándose lo mismo: ¿cómo puede ser que un atentado de esta magnitud no tenga responsables presos?
El ataque a la Embajada no solo dejó víctimas. Dejó una señal de alerta que no fue escuchada. Dos años después, el atentado a la AMIA confirmaría que el problema no era solo el terrorismo, sino la incapacidad del Estado para investigarlo y castigarlo.
Argentina tiene memoria. Lo que le falta es justicia.
El atentado a la Embajada de Israel fue una advertencia temprana que el sistema político y judicial no supo —o no quiso— leer.
Desde entonces, cada aniversario repite el mismo guion: homenaje, discurso y silencio judicial.
Porque cuando no hay consecuencias, el mensaje es peligroso. Y cuando el Estado no responde, la impunidad se vuelve costumbre.
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