Robo de combustible en Vialidad Provincial: hay dos detenidos en General Pico

Investigan en General Pico el robo de combustible a Vialidad Provincial. Hay un empleado y un camionero imputados por una maniobra reiterada.

a Justicia de General Pico investiga el robo de combustible a la Dirección Provincial de Vialidad, una causa por la que quedaron imputados un empleado del organismo y un camionero de Ingeniero Luiggi. La pesquisa está a cargo del fiscal adjunto Matías Juan, de la Fiscalía General de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad piquense.

Según la investigación, los hechos se habrían repetido entre enero y febrero bajo una misma modalidad: el empleado de Vialidad Provincial extraía gasoil de una máquina topadora utilizada en tareas de desmonte en una zona rural cercana a Luiggi, valiéndose de mangueras y bidones de 20 litros. Luego trasladaba el combustible en una camioneta oficial y lo vendía a un transportista de la localidad.

Las maniobras se habrían reiterado durante al menos seis días. La Fiscalía intenta determinar la cantidad exacta de litros sustraídos para dimensionar el daño económico causado al Estado provincial.

Denuncia, allanamientos e imputaciones

La causa se inició tras una denuncia presentada por Abel Puebla, responsable de la Delegación Zona Norte de Vialidad Provincial. A partir de ello, el juez de control Alejandro Gilardenghi ordenó una serie de allanamientos, entre ellos en el domicilio del camionero, donde se secuestraron bidones, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Ambos sospechosos fueron detenidos, indagados en sede de la Fiscalía de General Pico y posteriormente se les formalizó la Investigación Fiscal Preparatoria. El empleado provincial, asistido por la defensora oficial Soledad Forte, quedó imputado por el delito de estelionato. En tanto, el camionero, representado por el defensor privado Jerónimo Altamirano, fue imputado por encubrimiento doloso.

Como medida sustitutiva de la prisión preventiva, el juez dispuso la obligación de presentarse quincenalmente en la comisaría más cercana a sus domicilios. Fuentes judiciales indicaron que no registran antecedentes penales y que entre las pruebas en curso figura la apertura de los teléfonos celulares secuestrados.