Ley de Glaciares: La Pampa rechazó cambios en el COFEMA y alertó que flexibilizar la norma pone en riesgo el agua y el federalismo ambiental.
La discusión por la modificación de la Ley de Glaciares expuso una fuerte grieta política y técnica en el seno del federalismo ambiental argentino. En la 55° Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), La Pampa fijó una postura firme contra el proyecto que impulsa cambios en los presupuestos mínimos de protección, al advertir que puede derivar en un debilitamiento real de las normas ambientales.
La votación dejó un escenario de extrema paridad: ocho jurisdicciones votaron en contra, ocho a favor y cinco se abstuvieron, un reflejo claro de la falta de consenso sobre una norma que protege ecosistemas estratégicos para el país. Para el gobierno pampeano, no se trata de una discusión técnica aislada, sino de una decisión con consecuencias estructurales sobre el acceso al agua y la gestión de cuencas compartidas.
En representación de La Pampa, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, cuestionó el argumento de “mayor autonomía provincial” utilizado para justificar la reforma. Desde la Provincia señalaron que, lejos de fortalecer el federalismo, una flexibilización de los presupuestos mínimos puede abrir la puerta a asimetrías regulatorias y a una competencia entre provincias, donde el ambiente queda subordinado a intereses coyunturales.
El planteo pampeano se apoya en la propia Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, pero también obliga al Estado nacional a garantizar estándares mínimos de protección ambiental. “Cualquier modificación debe preservar y fortalecer esos presupuestos, no vaciarlos”, advirtieron.
Provincia aguas abajo, riesgo aguas arriba
Uno de los puntos centrales del posicionamiento de La Pampa fue su condición de provincia aguas abajo, dependiente de cuencas interprovinciales como las de los ríos Atuel y Colorado. En ese marco, se alertó que decisiones tomadas en territorios aguas arriba impactan de manera directa sobre el ambiente, la producción y la vida cotidiana de los pampeanos.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que fragmentar la evaluación de impacto ambiental y debilitar los mecanismos federales de coordinación agrava conflictos históricos y deja a las provincias aguas abajo en una situación de vulnerabilidad estructural. Sin un Estado nacional que fije reglas comunes y las haga cumplir, el equilibrio federal queda seriamente comprometido.
Una votación que expone el conflicto de fondo
Votaron en contra La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy, Córdoba, Formosa y Santa Fe. A favor lo hicieron Mendoza, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se abstuvieron Neuquén, Chubut, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes. Tres provincias estuvieron ausentes.
Más allá del resultado, el debate dejó en evidencia una discusión más profunda: qué modelo de gobernanza ambiental necesita la Argentina. Para La Pampa, la protección de glaciares y ambientes periglaciares no admite atajos ni decisiones unilaterales. En un contexto de crisis climática y presión creciente sobre el agua, el riesgo de retroceder en materia ambiental no es abstracto: se paga en conflictos, desigualdad y pérdida de soberanía ambiental.
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