Como los Macri se beneficiaron del acuerdo por el Correo Argentino frente al estado y esté se vio perjudicado.
Recientemente fue realizado un estudio que evaluó un acuerdo realizado por el Estado durante el año 2015, en referencia al Correo Argentino, S.A., empresa que buscó saldar su deuda concursal mediante este acuerdo y en el que la fiscal Gabriela Boquín -perteneciente a la Cámara Comercial-, impugnó considerando que se trataba de un convenio “abusivo”.
Esto se debe a que la empresa en referencia pertenece a la familia del expresidente Mauricio Macri -quien para la fecha era aún presidente de la Nación-, y sus directivos realizaron un acuerdo respecto a la deuda directamente con el Estado nacional, quien aceptó la realización de dicho convenio, en junio de 2016. Sin embargo, la fiscal Boquín había puesto oposición ante lo presentado por el Correo, debido a que consideraba que este acuerdo podría ser perjudicial para el Estado y, en consecuencia, el acuerdo no llegó a concretarse.
Posterior al dictamen, hubo diversas denuncias asociadas al caso -incluyendo una que fue emitida por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas-, iniciándose una causa judicial a cargo del Juez Ariel Lijo. En esta causa judicial fue investigado si existía delito cometido por los representantes del Correo Argentino y aquellos funcionarios que actuaron en nombre del Estado nacional.
El pasado año 2020, el Juez Lijo tomó la determinación de realizar un estudio referente al Caso Correo, el cual fue designado a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; esta se encuentra dirigida por Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Al acceder a este estudio, fueron analizados los diversos aspectos del proceso concursal, la normativa y la jurisprudencia aplicada a un concurso en general, permitiendo encontrar información clave respecto al caso.
Destaca el hecho de que para la realización de esta investigación, los encargados de la experticia por parte de DAJUDECO realizaron un análisis de cada una de las propuestas hechas por el Correo Argentino ante la Justicia Comercial de forma que fuese pagada la deuda entre 2003 y 2015. Pero cada una de dichas propuestas fueron rechazadas por el Estado nacional -quien constituía el acreedor principal del Correo-. Para el momento de que se hiciera la rescisión del contrato por parte del gobierno de Néstor Kirchner, la deuda del Grupo Macri por el canon del Correo Argentino alcanzaba unos 296 millones de pesos.
Lo más importante del estudio realizado por la DAJUDECO fue lo referente al ámbito económico-financiero, ya que los expertos realizaron una combinación de diversas tasas de interés y coeficientes de ajustes para realizar un cálculo específico sobre la actualización del crédito que había verificado el Estado. Aunado a ello, en el estudio fue posible responder respecto a la quita que le realizaron a la empresa en la propuesta, así como las cuotas que fueron estimadas, el monto específico para cada una de ellas y las variables tomadas en consideración en el momento de realizar el cálculo del porcentaje de quita.
Fueron realizadas 126 combinaciones, en las que, tal como se estableció por los analistas de DAJUDECO, la quita resultante fue menor de 92%, lo que representa una cifra similar a la establecida por la fiscal Boquín en el 2016. Esta fiscal había encargado, en ese entonces, el análisis a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, y estos, a su vez, habían establecido que: “el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada, implica una quita velada del orden del 98,82%”.
En consecuencia, la fiscal concluyó diciendo que: “Así, de convalidarse la conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”.
Destaca el hecho de que el planteamiento realizado por la empresa Correo Argentino, S.A., en referencia a su plan de pagos y aceptado por el Estado en el año 2016, implicaba el pago de cuotas hasta el año 2033. En la última cuota se estableció, incluso, que se pagarían más de 250 millones de pesos; esto último, conforme a lo establecido por los expertos, sería una “licuación de la deuda”.
Por lo anterior, Boquín había expresado de este acuerdo que era una propuesta: “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional” y que aceptarla podría “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
Para las indagaciones, el Juez Lijo ya ha citado al exministro de Comunicaciones de Macri, Oscar Aguad. Así mismo, fueron citados: Juan Manuel Mocoroa -quien se encargaba de los asuntos Legales en el Ministerio de Comunicaciones-, Jaime Cibilis -presidente del directorio de Correo Argentino- y Jaime Leonardo Kleidermacher -representante legal de la empresa-. Cada uno de ellos declaró no haber cometido ningún delito.
El fiscal federal, Gerardo Pollicita, expuso respecto a estas indagatorias que: “la maniobra a través de la cual, el entonces Ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, teniendo asignado dentro del ámbito de su competencia el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito por $296.205.376 que el Estado Nacional verificó en el expediente concursal n° 94.360/01 en contra de la firma Correo Argentino S.A., omitió obrar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios, conforme lo exigía la normativa que regulaba su accionar y los precedentes jurisprudenciales en materia comercial, obligando a la administración pública a aceptar una quita abusiva de su crédito ocasionando un ilegítimo beneficio a la empresa involucrada, contando para ello con el aporte necesario de Juan Manuel Mocoroa, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher”.
Por otra parte, el fiscal original del caso, Juan Pedro Zoni, imputó al expresidente Mauricio Macri a la investigación, pero este no fue citado para la indagatoria.
Es importante destacar que el Juez Lijo aún no ha podido solucionar la situación procesal de estos imputados; pues, tras considerar el estudio realizado por la DAJUDECO, que respalda las decisiones tomadas por Boquín, es evidente que podría existir una ampliación en la lista de implicados, por lo que deben hacerse indagaciones a otras personas antes de una resolución del proceso.
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