Adios a los contratos PPP de (Participación Público Privada). Lo confirmaron desde Nacion.
Ante el inicio del proceso que lleva a la extinción de los conocidos contratos de Participación Público Privada (PPP), el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, dio a conocer su aprobación, estos buscaban construir autopistas, como la planteada para articular la autovía desde Anguil con Luján y Santa Rosa.
Gustavo Arrieta, administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la pasada semana consignó ante el ministerio encabezado por Katopodis una solicitud para dar inicio al proceso de evaluación para las diferentes causas de extinción que se tienen avizoradas contractualmente.
De igual manera, también manifestó la necesidad de hacer reunión entre el ministerio y los diferentes contratistas señalando «a los fines de poner a término la los contratos PPP en las condiciones más beneficiosas para el interés general, elaborando una propuesta de extinción de esos contratos y las condiciones aplicables a la misma», sostuvo.
Ante esto, el ministro Katopodis señaló que «habiendo tomado conocimiento de lo informado en la comunicación citada, se informa que no existen objeciones para la prosecución del trámite».
También se conoció hace unos días en declaraciones realizadas que la decisión se tomó en virtud de incumplimiento de contratos por parte de las empresas.
Los contratos «PPP»: Durante el gobierno de Mauricio Macri, estos contratos de Participación Público Privada surgieron como un proyecto y que permitió la adjudicación de seis obras para la construcción de carreteras en julio de 2018.
De acuerdo a declaraciones obtenidas, los PPP llevaban implícitos «que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado. En conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país».
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